Suspendido el juicio a 13 personas por matar caballos para estafar a aseguradoras

La Audiencia de Jaén ha suspendido el juicio a los 13 acusados de la operación Picar con la que la Guardia Civil desarticuló una organización criminal que presuntamente se dedicaba a estafar a compañías aseguradoras matando caballos para poder cobrar las indemnizaciones. El motivo de la suspensión ha sido que a uno de los abogados le coincidía el juicio con otra vista. Ahora está a expensas de que la Sección Tercera fije una nueva fecha.

La Fiscalía ha presentado cargos contra 13 personas, entre ellas, dos veterinarios. Les acusa de delitos de estafa, uno consumado por un montante de 9.500 euros, y 18 en grado de tentativa, 15 delitos de maltrato animal, y cinco delitos de falsedad, de los que uno es continuado en documento oficial.

Por todos ellos, la Fiscalía reclama penas a los acusados que van desde los seis años de cárcel a los nueve meses de prisión. Asimismo, en lo que respecta a los dos veterinarios, el Ministerio Público reclama que se le imponga a uno de ellos una pena de dos años y medio de cárcel y una multa de 3.000 euros, mientras que al segundo le pide nueve meses de prisión y 2.400 euros de multa.

El escrito de acusación, al que ha podido acceder la agencia Europa Press, describe, a través de 14 hechos detallados que tuvieron lugar entre mayo de 2013 y octubre de 2014, cuál era la forma de actuar de esta presunta red que buscaba el cobro de cuantiosas indemnizaciones tras matar a caballos a los que hacían pasar por ejemplares de categoría superior.

Operación Picar

La operación comenzó en 2015 gracias a una denuncia presentada por un representante de una compañía de seguros. En concreto, la Guardia Civil tuvo conocimiento de cuatro siniestros equinos que podrían estar afectados.

A dos de estos caballos se les había conducido a la muerte por medio de la eutanasia y estaban asegurados por 19.000 euros, y a otros dos caballos se les había diagnosticado muerte por cólico agudo estando asegurados por 24.000 euros.

Los agentes comprobaron que las muertes de lo équidos se estaban produciendo en poblaciones alejadas entre sí, en lugares diferentes del habitual de su estabulación y con proximidad cronológica. También detectaron contradicciones en las declaraciones de los propietarios.

Más adelante, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un vecino de localidad de Sabiote (Jaén), había reclamado una indemnización por un caballo de su propiedad que tuvo que ser sacrificado al ser atropellado por un vehículo conducido por una persona que se dedica profesionalmente al cuidado de caballos de Baeza (Jaén).

En la localidad de Navalperal de Pinares (Ávila) se detectaron otros dos fallecimientos de caballos a los que se les diagnosticó muerte por cólico, con un capital asegurado de 30.000 euros.

Fruto de estas investigaciones la Guardia Civil pudo comprobar que la organización venía realizando este tipo de operaciones con los equinos para obtener sustanciosas cantidades de dinero, que solicitaban de las compañías aseguradoras, bien de sus caballos o de terceros.

La organización utilizaba presuntamente caballos que decían ser de pura raza española sin ser así, puesto que en la mayoría de los casos los adquirían a muy bajo precio para después, con la connivencia del veterinario, certificar o informar de una identidad en la que se les valoraba muy por encima del precio de mercado, aludiendo a sus excelentes cualidades de doma, porte y apariencia física.

Estas tasaciones se realizaban sin hacer ningún tipo de exámenes precompra, practica muy extendida en el mundo relacionado con el caballo, especialmente cuando se trata de animales de pura raza, de cierto valor económico.