Una moratoria que ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta que el PSOE ostenta en este Parlamento y mediante una enmienda socialista a la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, más conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la región para 2022. PP y Ciudadanos han votado en contra.
Esta decisión llega en plena polémica por la respuesta del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a unas declaraciones realizadas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón en el medio The Guardian sobre este tipo de instalaciones ganaderas intensivas, poniendo de nuevo sobre la mesa un fervoroso debate que lleva abierto desde el año 2016.
Días después de que García-Page defiense al lobby cárnico respondiendo a las declaraciones de Garzón manifestándose en contra de las macrogranjas, el presidente autonómico ha sacado adelante esta moratoria que ya anunció el pasado 10 de diciembre. García-Page ha querido aclarar que "nosotros no vamos a prohibir las macrogranjas, ni podemos hacerlo teniendo en cuenta que el debate sobre una macrogranja o que no lo es, es muy complejo".
Su Gobierno considera que "están pasando demasiadas cosas en la normativa europea, en la ambiental y en la sensibilidad social, como para que hagamos una pequeña pausa pausa procesal y lleguemos a consensos". Este parón a las macrogranjas porcinas surge, aseguran, por la necesidad de “ordenar” el sector porcino en la región.
Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez ha criticado que la decisión se haya hecho "de espaldas al sector" y generando "inseguridad jurídica en un sector que cumple con una normativa ambiental, de seguridad y bienestar animal muy exigente". "No irán por Europa hablando mal de España y de nuestra carne. Deben pedir perdón y retirar esta enmienda", argumentaba el diputado. La portavoz socialista, Ana Isabel Abengózar, ha respondido con ironía: "Pensé que iba a terminar así la frase, que que no van a permitir que se vaya por Europa hablando mal de España, porque ya lo hace Casado".
En los últimos días, el Partido Popular en Castilla-La Mancha ha iniciado una ofensiva no solo contra el ministro Garzón sino contra el presidente castellanomanchego. Para ello, la formación ha tenido que borrar de sus redes sociales varias publicaciones en las que en el año 2018 se mostraba en contra de las macrogranjas en la región.
El PP de CLM también parece haber borrado de su memoria las declaraciones de responsables políticos como el presidente de la Diputación de Guadalajara y alcalde de Sigüenza en 2016, José Manuel Latre, cuando mostraba su “preocupación” por el avance de este tipo de instalaciones ganaderas intensivas.
La iniciativa sale adelante casi tres años después de que los socialistas rechazasen la moratoria para este tipo de instalaciones ganaderas intensivas propuesta por Podemos. Ocurrió cuando estaba a punto de concluir la legislatura 2015-2019 en la que el PSOE de Emiliano García-Page gobernaba de la mano de Podemos en Castilla-La Mancha.
Y no solo eso, el PP que ya dirigía el actual presidente, Paco Núñez, se mostraba preocupado por los residuos: “¿Qué hacemos con los purines? ¿Por qué no los abordan como residuos y no como abono?”.
El ministro Garzón ha aclarado en una entrevista al medio infoLibre que las declaraciones de The Guardian han sido manipuladas y utilizadas en su contra. “Se trata de un bulo”, ha explicado. “Son unas declaraciones que se habían producido con anterioridad en una entrevista el 14 de diciembre en The Guardian. Se publica el 26 de diciembre y no es hasta el 3 de enero cuando una empresa del lobby cárnico construye un bulo, una tergiversación dirigida de esas palabras, con falsedades y mentiras. Se las manda al sector y a [Alfonso Fernández] Mañueco, el candidato de las macrogranjas en el PP de Castilla y León, para que ataque a este ministro y al Gobierno. Ocultan de esa manera el fondo del asunto, que era lo que verdaderamente había hecho yo: una defensa encendida de la ganadería extensiva, familiar, social, que es la que genera puestos de trabajo”, ha reinvidicado en dicho medio.
Desde Greenpeace han enviado un comunicado haciendo hincapié en la necesidad de frenar las macrogranjas en España. "Las consecuencias son terribles: contaminación de aguas subterráneas, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de enormes extensiones de tierras, deforestación para pastos y para cultivo de alimento para ganado, daños a la salud y abusos a los animales. Además, son una falsa solución contra el despoblamiento rural", han afirmado.
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